La comisión de Acuerdos de la Legislatura citó para la próxima semana, entre otros, al fiscal penal de Reconquista Leandro Mai para que detalle los avances en la investigación penal contra el fiscal Mauro Blanco y en especial sobre un posible enriquecimiento ilícito a partir de que es funcionario, cuestión que se agrega a la acusación que semanas atrás presentó el senador Joaquín Gramajo.
Gramajo se excusó de difundir detalles a la prensa. Sí los expuso ante los diputados y senadores que integran la comisión, no sin generar algún contrapunto con el senador del departamento General López, Lisandro Enrico, quien defiende públicamente la labor de Blanco.
Una de las interpretaciones que surgió en la comisión es que como Blanco estuvo la semana anterior ejerciendo su defensa en forma personal, esta nueva cuestión debería constituir un proceso diferente.
Gramajo, por su parte, argumentó que recién ahora el fiscal de Reconquista Leandro Mai le hizo llegar el informe que le había solicitado en su condición de acusador.
Mientras la Legislatura lleva adelante el proceso disciplinario contra Blanco, Mai hace lo propio con la investigación penal. Ambos procesos se originaron en las denuncias de la Auditoría General del Ministerio Público Fiscal.
Desde el Frente Progresista, el diputado radical Maximiliano Pullaro dio una versión diferente. “Fuimos nosotros quien llevamos el tema y pedimos que el fiscal viniese a informar a la comisión como corresponde institucionalmente”.
Para salir del paso, la comisión de Acuerdos resolvió ampliar un poco más la investigación, a pesar de que los plazos apuran, ya que el 9 de septiembre debe emitir dictamen. Convocó para la semana próxima, para precisar información, a los secretarios de la fiscalía y del juzgado federal de Venado Tuerto; y al fiscal Mai.
Las investigaciones económicas por enriquecimiento ilícito son de largo aliento. Requieren intervención de peritos, autorización para levantar secreto bancario y fiscal, esperar informes, entre otras medidas. Por lo que fuentes que conocen la investigación que lleva adelante Mai pusieron en duda que el fiscal tenga información sólida para aportar en una etapa tan temprana del proceso.
La convocatoria a personal de la Justicia federal de Venado Tuerto obedece a que fueron los que detectaron el vínculo entre Blanco y un comercializador de drogas de esa localidad llamado David Roldán. Ambos aparecen en escuchas telefónicas coordinando la compra de “revistas”, allanamientos, intercambio de información reservada del MPA. También se detectó, a través de escuchas y en los seguimientos, la presencia del fiscal provincial en la casa de Roldán, quien tiempo después fue allanado con secuestro de drogas y armas.
En tanto, la investigación por enriquecimiento ilícito deriva del pedido de investigación penal sobre Blanco que hizo la Auditoría General del Ministerio Público Fiscal. En enero pasado al tomar contacto con la información entregada por la Justicia federal, la auditora general María Cecilia Vranicich inició en paralelo el proceso disciplinario interno del MPA y la denuncia penal contra Blanco en la Fiscalía Regional de Venado Tuerto.
El fiscal regional elevó la denuncia al fiscal general de la provincia Jorge Baclini, quien decidió que la investigación penal la llevase adelante un fiscal de la jurisdicción de Reconquista para evitar interferencias.
En su defensa en la Legislatura, Blanco adujo que Roldán era un “informante” valioso para su trabajo y que la relación se daba en ese marco. También dio argumentos inverosímiles sobre su recurrente interés en si a Roldán le habían llegado las “revistas”. La cercanía, trato, confianza e intercambio de información que exhiben las escuchas sugieren mucho más que eso.
La acusación de Gramajo incluye también escuchas realizadas por la Justicia federal de conversaciones entre terceros involucrados en delitos que refieren haberle pagado a Blanco para evitar la acción judicial o para evitar penas gravosas.
Gramajo en su condición de acusador empuja la destitución de Blanco y el resto del peronismo pareciera decidido a acompañarlo. En cambio en el Frente Progresista son proclives a algún tipo de sanción.
Pullaro ratificó ayer que en la visión de ese sector de la UCR “no hay ningún delito”. Si bien esto lo definirá la Justicia, el argumento contradice la mirada de la Auditoría General del MPA que fue la que promovió la denuncia penal en función de tres delitos contemplados en el Código Penal: encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.
Cabe recordar que las consecuencias penales de los funcionarios son materia de investigación judicial. Y que la naturaleza del proceso disciplinario en la Legislatura es de índole administrativo-político.
La Auditoría General del MPA promovió la denuncia penal contra Blanco por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto.
Una vez que la comisión de Acuerdos emita dictamen aconsejando la o las medidas disciplinarias posibles, su suerte se resolverá en una asamblea conjunta de ambas cámaras en la que la posibilidad de destitución, que impulsa muy firme buena parte del peronismo, requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras.
En el Senado los números son posibles, mientras que en Diputados la mayoría del Frente Progresista analiza otras posibilidades. Desde una suspensión temporal, hasta una suspensión por el máximo posible (180 días) y esperar la evolución de la investigación penal en Reconquista.

Fuente: DAVID NARCISO -AIRE DE SANTA FE