Un exfuncionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe ofrecía mejorar las condiciones de detención del líder de Los Monos Ariel Cantero, alias Guille, a cambio de US$150.000, según una denuncia que presentó Mariana Ortigala, una testigo de esas supuestas negociaciones que están siendo investigadas en la Justicia y terminarán en la imputación de Horacio Lucchini, un hombre que había trabajado en el juzgado federal de Venado Tuerto antes de asumir como en la dirección de Análisis Criminal Estratégico
“Vamos a ver si le podemos dar una mano al pibe de Marcos Paz”, afirma Matías Herrera, un personaje oscuro, condenado por narcotráfico. Su interlocutor en esa charla es Lucchini, quien hasta el 9 de marzo ocupó la dirección de Análisis Criminal Estratégico del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Ese día renunció luego de que en el Ministerio Público de la Acusación llegaran de mano de una testigo audios y videos que involucran a este funcionario en el pedido de dinero al líder de Los Monos a cambio de mejorar sus condiciones de detención en el penal federal de Marcos Paz. La testigo que aportó estas pruebas que están en manos del fiscal Matías Edery, dijo que el exfuncionario pedía US$150.000.
Tras renunciar, Lucchini desapareció, según fuentes judiciales consultadas por LA NACION. No usa los teléfonos que tenía y no se lo ve por la casa donde vivía. Será imputado después de la feria judicial por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y, posiblemente, estafa; si no se presenta ante el llamado judicial, se pedirá su detención. Así lo adelantaron fuentes que están al tanto de la causa.
No hay muchos antecedentes en la historia reciente de Santa Fe de funcionarios que aparezcan involucrados con este nivel de complicidad con organizaciones criminales. Lucchini no fue imputado antes porque los fiscales de la Unidad de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Edery estaban al frente del juicio contra Esteban Alvarado, pero en los próximos días, tras la feria judicial imputarán a este funcionario que llegó al Ministerio de Seguridad y se dedicó a hacer gestiones con narcos que mantienen encendida la violencia en Rosario.
En ese diálogo que aparece en un audio que está en manos de la justicia y al que accedió la nacion, Lucchini le responde a Matías Herrera: “Vamos despacito. Vos dame una mano para que no pare el quilombo. Hay que seguir. Hay que armar algo que sea un impacto. No hablés nada por teléfono”. Esa frase llamó la atención a los investigadores porque unos días después se registró el ataque a balazos al restaurante El Establo, en pleno centro de Rosario, que generó una gran repercusión.
Esa conversación es más amplia y aparecen otros nombres, incluso de funcionarios nacionales. Fue grabada por Herrera. La ahora denunciante Ortigala era la encargada de llevarle el mensaje a Cantero. “Herrera me trae esta grabación para demostrar las influencias y el poder que tiene Lucchini”, contó Ortigala, la testigo que se salvó en marzo de 2020 de un ataque sicario organizado por Alvarado.
Lucchini fue designado como director de Análisis Criminal Estratégico en diciembre pasado, luego de que se produjera la renuncia de varios funcionarios del Ministerio de Seguridad que habían llegado con Marcelo Saín, entre ellos, el extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Germán Montenegro. Horas después de que dimitieran fueron allanadas las oficinas de los funcionarios por una causa de supuesto espionaje ilegal, de la cual, más de seis meses después, aún no se saben detalles. Nunca se realizó la imputación.
El fiscal Edery explicó que “Lucchini no era abogado, sino que cumplía un rol en el juzgado federal que consistía en ser un asistente, una especie de ordenanza”. Investigan si podía cumplir las promesas a los narcos rosarinos.
Ortigala dijo que Lucchini se acercó a ella, porque conocía su amistad con Vanesa Barrios, la mujer de Guille Cantero. El contacto lo hizo otra persona vinculada al narcotráfico, Matías Herrera, quien tiene causas abiertas en la justicia federal.
La primera reunión entre ellos se produjo en octubre del año pasado, cuando Lucchini aún no había sido designado. Luego, Ortigala mantuvo otros dos encuentros. En uno de ellos, según la denunciante, ya estaba en el cargo. “En un momento (Lucchini) me empezó a pedir cosas extrañas. Me dice que él podía “conseguir beneficios” para Guille Cantero. Por ejemplo, frenar requisas en la cárcel, que le habiliten 24 horas de teléfono fijo y la posibilidad de que tuviese un celular. Todo esto me lo decía para que yo se lo transmita a Cantero. Incluso, se mostró ofuscado porque a Guille le habían devuelto el teléfono fijo y él no recibió nada por la gestión que supuestamente realizó. A mí me llamó la atención porque esa devolución fue legal, quiero decir que el teléfono se lo iban a devolver igual”, declaró Ortigala.
En diálogo con LA NACION, la testigo aseguró que el funcionario, que se jactaba de tener contactos en la Justicia y en el gobierno santafesino, le propuso las tarifas del acuerdo. “Para frenar allanamientos, adulterar pruebas, realizar traslados, ‘engarronar’ a otra banda pedía 20.000 dólares, por cada cosa”, reveló la testigo.
En su declaración ante los fiscales, Ortigala contó que el funcionario que luego asumió en el Ministerio de Seguridad, tras la renuncia de Saín, le dijo que “podía haber beneficios mayores (para Cantero) como un traslado, que él estaba gestionando los hilos para subir al gobierno y que para eso, necesitaba un par de golpes sociales. Esto es hechos de resonancia social para sacar a la gestión que estaba en ese momento en Seguridad e ingresar él. Concretamente me pidió que Guille mande a balear distintos lugares o que le entregue a él datos de donde estaban las cocinas de droga para hacer que las descubre él y beneficiarse”.
La testigo presentó además las capturas de pantalla de los diálogos que mantenía con el supuesto intermediario Matías Herrera. En uno de esos mensajes se menciona a otro narco de Los Monos, Gustavo Martinotti, alias Toro, quien era exjefe de la barra de Rosario Central y que está detenido en el penal de Ezeiza. Según los diálogos presentados en la Justicia, Martinotti pretendía que lo trasladaran al penal de Piñero, a 20 kilómetros de Rosario. “El traslado 40.000 dólares. Si quiere protección de parte del dolape (sería Lucchini, según Ortigala) son 100.000 dólares”, escribió Herrera.
Ante la repercusión pública que tuvo la denuncia de Ortigala, el funcionario acusado presentó la renuncia. Un día después el ministro de Seguridad Jorge Lagna aceptó la dimisión del director de Análisis Criminal Estratégico.
La denunciante Ortigala fue testigo clave en el juicio a Alvarado. En marzo de 2020 logró sobrevivir a un atentado en el que recibió cuatro disparos en la espalda.Hoy es una pieza importante para sostener la acusación contra Lucchini.

Por Germán de los Santos - La Nación