Este miércoles al mediodía se llevó a cabo la audiencia en la cual se dio a conocer las sentencias a las tres personas imputadas que no habían accedido al juicio abreviado en la denominada megaestafa inmobiliaria que conmocionó a Venado Tuerto y toda la provincia.
El abogado Antonio Di Benedetto, señalado como cabecilla de la banda, fue condenado a 12 años de prisión y lo inhabilitaron por 12 años para ejercer su profesión. El gestor Raul Jaime fue condenado a 10 años y el comerciante Marcelo Sava a 3 años y medio.
Los tres condenados irán a apelación. Todos quedaron en libertad hasta que quede firme la sentencia.
En la sentencia estuvieron presentes el Intendente Leonel Chiarella, las Diputada Rosana Bellatti y Clara García, y los concejales Leo Calaianov y Nahuel Pasquinelli, entre otros.

El caso
La formidable estafa se conoció a fines de 2018 y causó conmoción en Venado Tuerto cuando se supo que los involucrados eran profesionales conocidos de la ciudad y de localidades vecinas. La causa, sin embargo, ya tenía un recorrido en los tribunales desde un tiempo antes: se había originado en 2017 a raíz de una investigación que empezó en organismos oficiales de la provincia de Santa Fe.
Las estafas reiteradas se verificaron en operaciones de ventas con documentación falsa de campos ubicados en Venado Tuerto, Maggiolo y San Eduardo, delitos corroborados tras el entrecruzamiento de datos del Registro de la Propiedad y otras pesquisas.
La operación consistía en apropiarse de bienes rurales o urbanos en Venado Tuerto, para lo cual los integrantes de la organización criminal utilizaban información sobre sus titulares, que en algunos casos habían fallecido o no residían en el lugar. También se aprovechaban de la edad avanzada de algunas de las víctimas. de que los titulares catastrales de los campos y las propiedades o bien no vivían en el lugar o había n fallecido, otra situación que tomaban en cuenta era la avanzada edad de los titulares y su entorno familiar, para evitar así reclamos o el alerta familiar una vez que los campos o las viviendas fueran destinadas a la transacción.
El dato que disparó la investigación fue un documento apócrifo que resultó clave para detectar la maniobra de la supuesta "venta" de campos. En ese documento el "propietario" de los terrenos autorizaba a terceros a venderlos, aunque las irregularidades en las operaciones finalmente dejaron al desnudo un tremendo fraude.
El caso puntual que originó la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue la "venta" de 456 hectáreas de campo y otras seis propiedades. Sin embargo, los avances de la pesquisa permitieron encontrar más casos.