Uno de los imputados por delitos de narcotráfico sería responsable de las amenazas de muerte al senador Enrico, intendente Chiarella, fiscales y jueces
¿De qué trata el juicio de imputados que se desarrolla en la Casa del Bicentenario de Venado Tuerto? Durante la semana se inició en la ciudad un proceso de enjuiciamiento a miembros de una banda narco que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el sur de Santa Fe.
Las denuncias de políticos por la venta de droga, más la profundización de la Justicia Federal en la investigación de estos delitos fue lo que derivó en este juicio oral que en un principio presentó 19 imputados y contará con más de 200 testigos.
La causa está radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, y tras distintas abreviaciones de sentencias, finalmente quedaron 5 imputados a la espera de fallos. Entre ellos, Matías Álvarez, una persona que actualmente cumple sentencia en la Unidad 6 de Rawson (Chubut) por delitos como venta de droga, abuso de armas de fuego y organizador del funcionamiento de esta banda delictiva. Y que también, es investigado como autor intelectual del homicidio de la joven firmatense Érika Avalos, asesinada de 17 balazos.

Amenazas desde las cárceles
Lo sobresaliente e inexplicable del juicio, es que Matías Álvarez, acusado que presencia el juicio a través de conexión virtual desde la cárcel de Chubut, por las características del contenido y las identificaciones que arrojaron las torres de comunicación, sería el promotor de las recientes amenazas de muerte que recibieron por mensajería de Whats App el senador Lisandro Enrico, el intendente Leonel Chiarella, la fiscal Susana Peppino, el fiscal Javier Arzubi Calvo y el juez federal Aurelio Cuello Murúa. Los funcionarios políticos serían puestos en la mira de los narcos por su constate combate y denuncias contra la venta de droga, mientras que los fiscales y el magistrado fueron amedrentados por dar curso a las investigaciones.
Los otros 4 juzgados son: Luciano Álvarez (detenido en la Unidad 11 de Roque Sáenz Peña), Maximiliano González (detenido en la Unidad 1 de Coronda), Daniel Núñez y Kevin Aranda (ambos en libertad). Esta causa tiene como juez principal al Dr. Osvaldo Facciano, y como fiscal general es el Dr. Oscar Fernando Arrigo. El juicio oral y público se llevará a cabo durante los días 6, 7, 22 y 28 de febrero, y terminará en la primera semana de marzo (1, 6 y 7).

Balas y granadas para todos
Los mensajes intimidatorios, que fueron acompañados con una foto de un arma de fuego, los recibió el senador Lisandro Enrico en su teléfono en la noche del jueves. Las amenazas explícitas también alcanzaron al Juez Federal Cuello Murúa, a los fiscales Javier Arzubi Calvo (Federal) y Susana Pepino (MPA) , y al intendente Leonel Chiarella. Entre las frases más fuertes se advierte que habrá balas y granadas para todos.
El contenido de los textos intimidatorios fueron los siguientes: “Hola señor, ya les avisé a todos que deje de meter presa a gente inocente. Va a haber balas para todos. Ya le avisé. Va para Chiarella, para la fiscal Pepino y para el Enrico. Y también par el juez del Juzgado Federal, Cuello Murúa y el (Javier) Arzubi. Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Mandale que deje de engarronar a la gente. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”.

La cárcel de Chubut bajo la lupa
Este episodio se suma a otras amenazas que padecieron en las últimas semanas Enrico, Chiarella y Peppino. Esta vez los mensajes no tuvieron firmantes, pero uno de los celulares involucrados vuelve a tener característica de Trelew (Chubut), ciudad cercana a Rawson, donde se encuentra Matías Álvarez cumpliendo condena en la Unidad 6, lo que enciende alarmas sobre el funcionamiento de ese servicio penitenciario por el acceso a la comunicación (vía celular) que mantienen los presos y las visitas que reciben donde pueden encontrar complicidad para ejecutar las amenazas.
Tras los hechos, Álvarez vuelve a ser el principal sospechoso de ejecutar (o mandar a realizar) estas amenazas, de acuerdo al origen de las comunicaciones y también por las coincidencias que hay con los textos intimidatorios que a fin de 2022 también le llegaron a Chiarella, Enrico y Peppino donde le manifestaban que dejaran de “meter gente inocente presa” porque de lo contrario habría hechos de alta violencia.