El Juzgado Federal de Venado Tuerto procesó con prisión preventiva este jueves a Mauro Nahuel Novellino como autor del delito de coacciones agravadas por tener las mismas como propósito “la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.
Se trata de una causa iniciada el 24 de enero a raíz de la denuncia formulada por Sergio Maidana, funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe sobre amenazas recibidas vía Whatsapp y por su intermedio, destinadas también al Intendente Leonel Chiarella.
En la resolución el Juez Federal Aurelio Cuello Murúa analizó los distintos elementos de prueba recolectados teniendo en cuenta principalmente que la línea desde la que provenían las amenazas se encontraba a nombre de MNN, conforme la información brindada por la empresa de telefonía el trámite de alta se realiza de manera telefónica sin que resulte necesario la presentación de ningún tipo de documentación, las llamadas y mensajes de texto impactaron en la antena cercana al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, siendo éste el lugar donde el imputado había sido trasladado y, además, en algunos mensajes de texto recibidos se referían al mismo como “Nahuel” y la foto de perfil de la aplicación Whatsapp se correspondía con éste.
El 24 de enero, el funcionario provincial recibió un mensaje que le consultaba si tenía “contacto con los de arriba” para que transmita el siguiente comunicado: “Desiles q me dejen de trasladar de aca para alla por hay balas para todos” “Empezando por chiarela” mientras que dos días después recibió otro mensaje que decía “yyy. Hdp, hay balas para todos”
Además, en el procesamiento se analiza la figura penal indicando que ambos destinatarios resultan ser funcionarios públicos y la motivación de los mensajes enviados “(…) a través de las coacciones, lo que su autor (Mauro N.) pretendía, era utilizar al sujeto pasivo, a través de la amenaza de un mal (“balas para todos”) que actúe con su voluntad, como instrumento contra sí mismo, para “transmitir” a los de “arriba” que dejen de trasladarlo, aspecto que inevitablemente se relaciona con lo acontecido en el sumario FRO 5119/2021 y el reciente traslado (tan solo menos de veinte días atrás) al Penal de Marcos Paz. Además, el funcionario o empleado amenazado, en este caso Maidana, al formar parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe -espacio al que pertenece el Servicio Penitenciario Provincial- tiene posibilidad de resolver o articular lo relativo al traslado de N. (donde ya estuvo alojado, incluso habiendo sido condenado por la justicia local), o bien interactuar con el Poder Judicial de la Nación, que no cuenta con un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal en la provincia para el alojamiento de imputados por delitos federales que acontezcan en jurisdicción provincial, más aún tratándose de un delegado del Departamento General López, al que corresponde la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal.”.
La investigación desde su inicio fue delegada en la Fiscalía Federal a cargo del doctor Javier Arzubi Calvo, donde a raíz de distintas medidas se recabaron los elementos de prueba que sirvieron de base para la solicitud de indagatoria y el posterior procesamiento con prisión preventiva.