El Periodista Osvaldo Aguirre del medio "Suma Pólita" escribió una crónica que titulo "Ruidos en “el patio trasero”: drogas, amenazas y homicidios en Venado". La misma es la siguiente:

Ruidos en “el patio trasero”: drogas, amenazas y homicidios en Venado
No solo se trata de Rosario y de la ciudad de Santa Fe. El radio del narcomenudeo y la violencia asociada también se extiende por el sur de la provincia a través de actividades organizadas por presos en cárceles federales y provinciales. “Hace rato que Venado Tuerto es el patio trasero, y está bastante sucio”, según define un investigador local.
Mauro Nahuel Novelino y Matías Ernesto Álvarez, ambos con condenas de prisión y juicios pendientes, son los referentes notorios del narcomenudeo en el departamento General López. Y también de las amenazas que en el transcurso del año pasado recibieron jueces, fiscales, senadores, funcionarios del Ministerio de Seguridad y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.
La denuncia de los narcos “y del delincuente de guante blanco Antonio Di Benedetto”, por el abogado condenado en Venado Tuerto como organizador de una mega estafa inmobiliaria, es una constante en los discursos del intendente Chiarella. Ahora el cuadro agrega cuestionamientos hacia decisiones de la justicia provincial y federal.
El 25 de febrero, Chiarella denunció en X a “jueces que liberan delincuentes”. Se refirió a las excarcelaciones de Maximiliano Ezequiel Ríos y Francisco Oviedo, ambos vinculados con el narcomenudeo, y a la prisión domiciliaria del gestor Raúl Jaime, condenado a diez años de prisión por una mega estafa inmobiliaria. El posteo fue respaldado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Apodado Guacho Maxi, Ríos fue socio y después rival de Novelino y estuvo detenido en la cárcel de Piñero hasta la excarcelación ordenada por la Justicia Federal de Rosario. “Ríos y Novelino hicieron las paces porque cada uno vio afectado su negocio, tanto en términos de dinero como de mano de obra. Hasta ahora no lo hemos visto ni lo tenemos en ninguna averiguación”, comenta el investigador local.
Raúl Jaime cumple su condena en la Alcaidía de Melincué. El 21 de febrero, contra la opinión del fiscal Matías Merlo, el juez de segunda instancia Tomás Orso le concedió la prisión domiciliaria porque la esposa afronta una enfermedad delicada y no tiene otro familiar que pueda hacerse cargo de su atención. El caso volvió a primera instancia para definir las condiciones de acceso al beneficio y allí se trabó: el tribunal fijó un pago de 142 mil dólares que el gestor no pudo cumplir, por lo que sigue en prisión.
La mega estafa inmobiliaria generó un perjuicio calculado en 20 millones de dólares. “Esperamos que este antecedente jurídico, el cual no compartimos, no genere un beneficio para Di Benedetto”, advirtió Chiarella. Eso está por verse ya que la defensa del abogado, condenado a 12 años de cárcel y preso en Piñero desde el 8 de noviembre de 2023, pidió la prisión domiciliaria por su estado de salud. La audiencia para resolver la cuestión se realizará el 12 de abril en los Tribunales de Venado Tuerto.
El intendente recibió varias amenazas en el transcurso del año pasado, desde mensajes de WhatsApp con la promesa de “balas para todos, empezando por Leonel Chiarella” hasta las balas con su nombre que dos encapuchados en moto dejaron en la puerta del municipio. En su discurso inaugural de las sesiones del Concejo Municipal, a principios de mes, volvió a criticar los fallos de la Justicia y exhibió fotos de Novelino, Álvarez y Di Benedetto: “Estas decisiones ponen en riesgo la tranquilidad de nuestra sociedad y generan impunidad”, dijo.

La escuela de la cárcel
En la escena del crimen de Héctor Osvaldo Ustares, perpetrado el 26 de febrero en una casa del barrio Iturbide de Venado Tuerto, la policía encontró cinco armas y pequeñas cantidades de cocaína y marihuana para la venta. El suceso se desencadenó sin embargo por una discusión con su pareja, una mujer de 25 años que fue detenida junto con un hombre de 31.
Si la ruta local del narcomenudeo se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires, ahora lleva a Rosario paso previo por los establecimientos penitenciarios. “Lo que se ve en las causas de toda la zona es cómo los delitos de la ley (de estupefacientes) 23737 se ordinarizaron (sic). Las planillas prontuariales muestran el perfil de delincuentes de la vieja escuela, que empiezan con hurtos y robos, y a partir del contacto con la cárcel empiezan a vender droga”, observa el fiscal federal Federico Reynares Solari, que reclama la competencia de su fuero para juzgar a Álvarez por el homicidio de Érika Ávalos. “Está comprobado que cuando los detenidos de la zona van a Piñero o a la Unidad 3 de Rosario generan nuevos vínculos y posibilidades para el delito”, puntualiza el investigador local.
La voz de Álvarez quedó registrada en un audio enviado por Facebook en el que amenazó a Avalos y le exigió la devolución de cocaína. Como garantía del peligro, recordó que había sido capaz de encargar un tiroteo contra la madre de su hijo. Micaela Bonetto, la víctima en ese caso, recibió dos disparos y sobrevivió al ataque que Álvarez supervisó por video llamada.
La audiencia por la balacera contra Bonetto, en mayo del año pasado, agregó otro delito. Álvarez interrumpió a la fiscal Vanina Servidio Pozzi cuando leía los cargos en su contra y la amenazó: “Si te metés conmigo me meto con vos”, dijo, y afirmó que tenía datos sobre sus familiares.
Ávalos no necesitaba referencias para darse cuenta del peligro. “Me van a matar, se pudrió todo, me tengo que ir”, le advirtió a su hermana y a su madre. En la madrugada del 28 de diciembre de 2022 recibió diecisiete balazos efectuados por personas no identificadas, en Firmat, y murió tres días después.
Tanto Novelino como Álvarez ingresaron a las cárceles provinciales por hechos de robo. “Se hicieron más fuertes y sofisticados en la cárcel. Ampliaron sus conocimientos y sus redes de venta y despliegue territorial”, afirma el investigador local. En lugar de interrumpir el delito, la prisión lo realimentó.

De ida y vuelta
Con menos repercusión que el intendente de Venado Tuerto, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, reclama a la Justicia Federal y denuncia periódicamente la venta de drogas en ese pueblo de General López. El lunes 11 de marzo hizo la sexta exposición ante la policía y pidió la intervención de la justicia provincial por la ley de narcomenudeo.
La configuración del mercado en el sur provincial parece responder a la de Rosario, con grupos relacionados con Los Monos y con la banda de Esteban Alvarado. Según una investigación de la Justicia Federal, la red organizada por Ríos desde Piñero durante la pandemia compraba cocaína en Capitán Bermúdez y tenía como proveedora a Jésica Daniela González. Esta semana se informó por otra parte que el Servicio Penitenciario Federal confiscó una tarjeta de memoria que Álvarez intentó entregarle a Alan Funes en la cárcel de Marcos Paz, otro indicio de vínculos.
La relación virtual entre Novelino y Lucía Uberti, condenada a 20 años de prisión por balaceras contra edificios del Poder Judicial en Rosario, proyecta la sombra de Los Monos en Venado Tuerto. En octubre de 2022 la Fiscalía Federal de Venado Tuerto ordenó más de treinta allanamientos al respecto y la causa sigue activa, como se apreció el 13 de marzo con la detención de dos mujeres ya procesadas. La ciudad del departamento General López aparece como un punto de tránsito y redistribución de cocaína y marihuana entre la provincia de Córdoba y Santa Fe.
El circuito entre Rosario y Venado Tuerto es de ida y vuelta, según el investigador consultado: “Al principio pensábamos que venían a la zona para hacer inversiones y lavar dinero pero hay una circulación de personas y gatilleros que van y vienen en las dos direcciones. No solamente con Venado Tuerto sino en el sur de la provincia. Es el patio trasero y está muy sucio”.
Novelino cumple una pena de 15 años de prisión, resultado de la unificación de tres condenas, e irá a juicio por coacciones agravadas en la causa por amenazas contra el delegado del Ministerio de Seguridad en General López y contra el intendente de Venado Tuerto. Álvarez tiene otra condena de 15 años por narcomenudeo y robo calificado y afronta un pedido de juicio por el homicidio calificado por ensañamiento de Avalos y además por extorsiones a remiseros, cuya competencia debe resolver el Tribunal Oral Federal número 3 de Rosario.
“Desde su estadía en una cárcel federal, Álvarez continuó con su accionar delictivo que tiene como base y trasfondo el comercio de estupefacientes en Venado Tuerto, Firmat y localidades aledañas”, planteó el fiscal Reynares Solari al reivindicar la competencia federal. Según una fuente extraoficial se detectó no solo que hablaba desde la prisión sino que lo hacía desde una línea cuyo titular era un agente penitenciario.
“Los jefes de los penales federales están con protección porque recibieron amenazas concretas por parte de narcos —destaca el fiscal federal—. No sabemos si la complicidad penitenciaria es estructural o se arma desde niveles intermedios e inferiores del servicio, pero no hay dudas de que los presos siguen hablando y dando órdenes desde las cárceles”.
El homicidio de Érika Ávalos “es un mecanismo inescindible del tráfico de droga y por eso es de competencia federal”, agrega Reynares Solari. El caso es anterior a la entrada en vigencia de la ley de microtráfico en Santa Fe “pero aun si estuviera comprendido en ese marco, el hecho de ser pergeñado desde una cárcel federal lo saca de la órbita de la provincia”.
Como reflexiona el investigador local, “sabemos que Rosario está muy complicado, pero los problemas de seguridad no terminan ahí”. Como fundamento del pedido de competencia, el fiscal federal reclamó “tener en cuenta la delicada situación que transita la provincia de Santa Fe en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones complejas dedicadas al tráfico de estupefacientes”, y resaltó figuras que se repiten: “connivencia policial, graves episodios violentos, fallas estructurales del Servicio Penitenciario y el impacto altamente negativo que genera en la población en general”.