La incertidumbre reina en el sur de Venado Tuerto, ya que, a una semana del asesinato de un capataz de un establecimiento agropecuario reconocido en la zona, los investigadores no lograron aún esclarecer el hecho.
Una de las claves principales que todavía no pudieron identificar quienes tienen a su cargo la investigación, es el móvil que tuvieron de quienes el domingo de la semana pasada, en horas de la madrugada, acabaron con la vida de Daniel Osvaldo Malacalza, de 66 años. La víctima era el responsable del cuidado de la estancia El Chamalué, un campo de mil hectáreas, propiedad de una familia de Buenos Aires.
Al parecer, las personas que atacaron y dieron muerte al chacarero podrían haber tenido una información incorrecta sobre un dinero que supuestamente cobró horas antes del crimen como consecuencia de la venta de ganado, alegó un familiar de la víctima.
“El hombre fue atado y asesinado de un tiro”, confió al diario La Nación un profesional de la investigación, intentando demostrar la violencia del ataque perpetrado.
Ni bien se conoció la noticia, se habló de que el o los delincuentes se llevaron un botín de casi 10 millones de pesos, aunque ahora se especula que la cifra debió ser mucho más alta, teniendo en cuenta el tipo de operaciones que habitualmente realiza dicha estancia.
“Aparece como algo muy complicado, pero somos optimistas en que vamos a resolver este caso, como lo hemos hecho en varias otras ocasiones. Para la sociedad, este caso parece simple, pero realmente es muy complejo”, indicó a La Nación el fiscal Eduardo Lago, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Venado Tuerto, quien está a cargo de la causa.
En tanto, comenzaron a conocerse varios elementos directamente vinculados con la causa. Por ejemplo, los investigadores sospechan que las marcas en el cuerpo del hombre denotan un intento de defensa previo al balazo en el abdomen.

Las horas previas al crimen
Está confirmado que antes de ser sorprendido por los delincuentes, Malacalza había dejado a su esposa en Venado Tuerto para después volver a la estancia donde iba a pasar la noche, teniendo en cuenta que ese domingo había comentado a sus cercanos que se disponía a realizar trabajos en el campo.
De allí que las primeras pesquisas apuntan a seguir la pista de la filtración del dato sobre los cerca de 9 millones de pesos que se habrían robado, como anticipó La Nación.
Sin embargo, el administrador general del establecimiento rural El Chamalué, donde trabajaba la víctima, restó importancia al dinero robado. Descartó la existencia de una importante suma de dinero en la propiedad donde ocurrió el asesinato de Malacalza. Pero, de acuerdo con datos aportados a este diario, los comentarios hablan de la existencia de una suma importante de dólares que ahora no aparecen y que podrían haber sido los ahorros del asesinado con el propósito de adquirir una camioneta nueva.
“No obstante, hasta ahora, la principal hipótesis del caso sigue siendo un crimen en ocasión de robo”, repitió esta tarde un investigador cercano al caso.
El asesinato ocurrió el 31 de marzo pasado. “Malacalza no falleció rápidamente; hay indicios que lo hizo posteriormente. Lo que está claro es que estaba gravemente herido y que no pudo comunicarse con nadie porque los asesinos se llevaron su celular”, señaló el fiscal Lago.
Según el resultado de las investigaciones, a las que accedió este medio, la víctima recibió un disparo de arma de fuego de grueso calibre en el estómago a corta distancia. Además, presentaba lesiones que indicarían un intento de defensa, consta en la investigación.


Por José E. Bordón - La Nación