El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha decidido recortar, de manera repentina, el servicio de movilidad por el cual, con un remís diario se garantizaba la llegada de los docentes al Núcleo Secundario Rural de San Francisco.
Según la Ley Nacional de Educación N° 26.206, en su Art.49, se debe garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. También en su art 51, la LEN hace responsable al Consejo Federal de Educación (constituido por los ministros de educación de cada provincia) de definir medidas necesarias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalentes a los urbanos, entre las cuales se encuentra la provisión de transporte. 
Claramente, la supresión del servicio de movilidad destinado al traslado de los profesores afecta al normal desarrollo de la jornada educativa, las condiciones de trabajo de los docentes y pone en riesgo a la educación rural. A los profesores se les comunica un viernes que a partir del lunes no contarán con el transporte con lo cual se les exige hacerse cargo económicamente del gasto que representan 160km diario. 
Una de las lamentables estrategias del gobierno para justificar la quita del transporte es el típico: ‘Divide y reinarás’ argumentando que los docentes de primaria pagan su traslado hasta las escuelas, desconociendo, estos funcionarios que deciden detrás de un escritorio, las condiciones de ofrecimiento del trabajo, primero; y luego, la lógica del funcionamiento del nivel secundario: 14 a 20 profesores que, a diferencia del docente de primaria no tienen cargos de lunes a viernes, sino horas cátedras con lo que se los obliga a itinerar entre varias instituciones por día, de ahí, que se denomine al colectivo docente de secundaria como “taxi”. “No podemos retroceder en materia de derechos: Por lógica, se mantienen o se avanza.” Mantener significaría que los docentes que se trasladan al núcleo continúen con el servicio pago por el Ministerio como hasta ahora. Avanzar en este derecho, sería hacerlo extensivo también para los docentes de primaria, deuda histórica con el sector.
Se solicita a las autoridades gubernamentales revisen esta medida arbitraria, contraria a derecho y arbitren los medios para que se mantenga el servicio de movilidad, condición esencial para que se garantice la educación secundaria obligatoria y gratuita en las zonas rurales que no cuentan con transporte público.